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Nikolas Cruz y la pena de muerte

18 de octubre de 2021

Columna del Arzobispo Wenski para la edición de octubre 2021 de La Voz Católica.

Después de las demoras causadas por el COVID, se reanudan los juicios con jurado. De hecho, Nikolas Cruz, el joven arrestado por los asesinatos de las 17 víctimas en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, está a punto de ser juzgado —no por esos asesinatos, sino por haber agredido a un guardia de la prisión. A pesar de ello, fue una experiencia emotiva y desgarradora para las personas convocadas para integrar el jurado. Muchas de ellas pidieron ser excusadas porque no creían que pudieran ser imparciales en el caso. Por las noticias de la televisión, parecía que ni siquiera Cruz permaneció impasible.

Más de tres años después del tiroteo del 14 de febrero de 2018, las emociones siguen en carne viva. Encontrar un jurado imparcial en el caso capital contra Nikolas Cruz será aún más difícil, y las heridas de los miembros de la familia, aún sin cicatrizar, podrían abrirse en lo que presagia ser un espectáculo más que un juicio. Sin embargo, las familias de las víctimas, así como la comunidad en general, podrían salvarse de este dolor si los fiscales del Estado aceptaran, como ya lo ofreció el equipo de la defensa, una declaración de culpabilidad si no se le aplica la pena de muerte.

¿Por qué insistir en la pena de muerte? Apoyar a las familias de las víctimas de asesinato no nos obliga, como sociedad, a procurar otra muerte a cambio. Su dolor no se puede borrar y la pérdida de la vida de sus seres queridos no puede recuperarse con otra muerte. El Sr. Cruz ha confesado previamente el crimen. Su abogado ha dicho que lamenta profundamente sus acciones, que está arrepentido y que es un «ser humano quebrantado». Dada la capacidad del Estado para proteger a la sociedad de mayores daños, el Sr. Cruz ya no es una amenaza para la sociedad en general.

Una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional es un castigo severo y justo, que también le permitiría una reflexión permanente sobre los graves daños que causó. Quizás el Estado ve la ejecución del Sr. Cruz como una simple retribución y una venganza adecuada. Tal vez sea así, pero ¿no sirve esto solo para promover el ciclo de violencia que continúa endureciendo los corazones y las mentes, incluso de nuestros miembros más jóvenes? Las fallas múltiples de nuestro sistema en los servicios familiares, la policía y el sistema escolar público, son nuestras fallas. Al parecer, nadie se dio cuenta de las deficiencias en la vida del Sr. Cruz o el estado de su salud mental. Sus numerosas amenazas de violencia, que precedieron al asesinato en masa, fueron abordadas de manera inadecuada, si es que se hizo.

Se ha argumentado que la aplicación de la pena de muerte representa la legítima autodefensa de la sociedad frente a un agresor injusto, es decir, el asesino. E, históricamente, la Iglesia ha aceptado el argumento de que el Estado puede aplicar correctamente la pena capital cuando sea absolutamente necesario, es decir, cuando de otra manera sería imposible defender a la sociedad. Sin embargo, el Papa San Juan Pablo II ha señalado en Evangelium Vitae (n. 56): dada la organización del sistema penal actual y la opción de imponer la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tal «necesidad absoluta» es «prácticamente no existente». El Papa Francisco amplió la enseñanza de Juan Pablo II al describir la pena de muerte como «un ataque a la inviolabilidad y dignidad de la persona», lo cual es «inadmisible» en todos los casos.

Incluso desde un punto de vista puramente pragmático o utilitario, la pena de muerte no es un disuasivo eficaz del delito. Y la pena de muerte no es rentable. Al Estado le cuesta menos encarcelar a alguien por el resto de su vida natural, que ejecutarlo.

El asesinato intencional es un crimen atroz; clama a Dios por justicia. Sin embargo, aunque Dios ciertamente castigó a Caín, el primer asesino de la historia, Dios no exigió la vida de Caín por haber derramado la sangre de Abel. (cf. Gn 4,15). La dignidad humana, tanto la de los condenados como la nuestra, se sirve mejor si no se recurre a este castigo extremo e innecesario. La sociedad moderna tiene los medios para protegerse sin la pena de muerte.

No hay duda de que las acciones del Sr. Cruz fueron atroces. Las víctimas se nos han ido para siempre. Sus familias y todos aquellos que presenciaron con espanto este abominable acto de derramamiento de sangre, quedarán marcados para siempre por él. Presidí los funerales de dos de las víctimas. Entonces oré por ellos; y oro por ellos y sus familias ahora. Su pérdida es incomprensible.

Piden justicia, y se puede hacer justicia aceptando una declaración de culpabilidad con cadena perpetua. Aceptar la declaración del Sr. Cruz cerrará el caso. Permitirá a los familiares de sus víctimas y a otras personas, tener la oportunidad de sanar más rápidamente, en lugar de someterlos a revisiones repetidas y sensacionalistas de este trágico crimen.

Una declaración de culpabilidad y una sentencia a cadena perpetua servirían al bien común de todos, al ayudar a romper la espiral de violencia de nuestra sociedad, porque una mentalidad de «ojo por ojo» acabará por dejarnos a todos ciegos.